BENEFICIOS.-Los gestores de la iniciativa recalcaron que esta busca consagrar una regulación integral de la salud mental, considerando aspectos de promoción y protección e involucrando a distintos sectores del Estado de manera activa.
REGIÓN DE VALPARAÍSO, San Antonio.- El pasado día jueves concretó uno de los compromisos del Presidente Gabriel Boric, quien junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, firmó en la comuna de San Antonio el proyecto de Ley Integral de Salud Mental. Se trata de una iniciativa de suma importancia, ya que permitirá promover y proteger la salud mental de todas las personas durante todo el desarrollo de su vida.
El mandatario destacó que “la salud mental importa y tenemos que romper con los prejuicios que tradicionalmente se han instalado respecto de ella”. En esa línea recordó que el Gobierno ha impulsado varias medidas para mejorar la salud mental de las familias como la creación de la línea telefónica de Prevención del Suicidio *4141. A ello se suma la rebaja en el precio de medicamentos gracias a la Ley Cenabast, junto con aumentar las becas de la especialidad de psiquiatría.
OBJETIVO DE LA LEY
El Presidente Boric explicó que esta nueva ley tiene por objeto, promover y proteger la salud mental de todas las personas durante todo el desarrollo de su vida. “Con esto, estamos cumpliendo con los miles de niños, jóvenes y adultos que necesitan del compromiso del Estado para abordar la salud mental”, indicó.
Agregó que “este proyecto busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la Red de Salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, con o sin discapacidad psíquica o intelectual, reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y los derechos humanos como esenciales en la aplicación de esta normativa” El jefe de estado recordó que para poder crear un proyecto integral se consideraron las recomendaciones de organismos internacionales, pero también la visión de las personas que tienen experiencia en este tema.
CARACTERÍSTICAS
La propuesta normativa se presenta tras el desarrollo de 27 diálogos ciudadanos sobre salud mental que se realizaron durante el 2023 a lo largo de todo el país: 18 fueron diálogos regionales y 9 diálogos con grupos de interés específico (jóvenes, expertos por formación y por experiencia). Participaron en total 2.790 personas.
En esta propuesta además de la coordinación del Ministerio de Salud para impulsar la iniciativa, participaron 6 ministerios: Ministerio de Justicia; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio Desarrollo Social; Ministerio del Trabajo y Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los gestores de la iniciativa recalcaron que esta busca consagrar una regulación integral de la salud mental, considerando aspectos de promoción y protección e involucrando a distintos sectores del Estado de manera activa, mediante el establecimiento de acciones que generen condiciones para un adecuado desarrollo de la salud mental.
Con este objetivo y considerando las condiciones sociales de la salud, el curso de vida y los derechos humanos como enfoques principales, el proyecto crea un articulado amplio e integral que viene a enriquecer la normativa en materia de salud mental y, a su vez, propone ajustes a diferentes cuerpos legales en pos de avanzar en la armonización legal en la materia.
Asimismo, autoridades resaltaron que establece deberes intersectoriales que promuevan condiciones adecuadas para la salud mental. Asimismo, la iniciativa destaca la inclusión social y el abordaje integral de las necesidades de las personas con enfermedades o trastornos mentales.
Finalmente, armoniza diversos cuerpos legales para procurar el adecuado respeto de los derechos de las personas en la atención de salud mental y en otros contextos de la vida en comunidad.
PROYECCIONES DE LA LEY
A los 5 años desde la publicación de la ley, se espera que el país haya avanzado en las siguientes materias:
SALUD MENTAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La iniciativa crea un Comité Interministerial de Salud Mental, que deberá, entre otras tareas, hacerse cargo de elaborar la Política Nacional de Salud Mental y su plan de acción, que guiará la acción del Estado en el mediano y largo plazo. Además del Ministerio de Salud, otros sectores habrán desarrollado medidas para el cuidado de la salud mental en ámbitos como: educación, trabajo, vivienda, desarrollo y protección social, justicia, además de un párrafo referido a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Superintendencia de Salud estará supervisando el cumplimiento de la ley integral de salud mental y también de la ley 21.331 sobre derechos de las personas con trastornos o enfermedades mentales en su atención de salud.
Las corporaciones de Asistencia Judicial podrán entregar asistencia jurídica y representación judicial a personas con discapacidad psíquica, intelectual y de aquellas personas sujetas a una hospitalización involuntaria que lo requieran.
El Ministerio de Salud tendrá en funcionamiento la secretaría ejecutiva del Comité Interministerial, resguardando el avance de la política nacional de salud mental y su implementación.
La Comisión de Protección de Derechos en Salud Mental (ex CONAPREM) tendrá una función más operativa y concreta en el resguardo de los derechos de las personas con trastornos o enfermedades mentales.
El Estado dispondrá de la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental.
INCLUSIÓN SOCIAL Y VIDA INDEPENDIENTE
El Estado y sus órganos serán responsables de desarrollar políticas de apoyo a la vida independiente y la inclusión social de las personas con enfermedades o trastornos de salud mental.
Los servicios sanitarios, los apoyos ambulatorios y hospitalarios se proveerán en un modelo integrado con la atención de otras necesidades de salud.
Los servicios de atención tendrán orientaciones claras para que los desarrollos de servicios futuros sean de calidad, cercanos a las comunidades y a los lugares de residencia de las personas, que respondan a las necesidades de la población y se organicen de la forma más integrada posible con el resto de la red de salud.
Un Reglamento vigente determinará los estándares de calidad y de protección de derechos para todos los servicios residenciales existentes, independientes de su modalidad de administración.
Fuente: Gobierno de Chile
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