OPORTUNIDADES.- La iniciativa del Ejecutivo, que busca aumentar en torno a 70 mil la cantidad de beneficiarios de la pensión no contributiva, pasó a la comisión de Hacienda.
REGIÓN DE VALPARAÍSO, Valparaíso.- De manera unánime, los parlamentarios de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobaron la tarde de este miércoles el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La iniciativa, que aumenta en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios de la pensión no contributiva, fue despachada a la comisión de Hacienda. Cabe recordar que el proyecto ya cumplió su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “la votación unánime que aprueba la Ley Corta en la Comisión de Trabajo del Senado es un paso importante para poder promover la incorporación de 70 mil adultos mayores, que por el cambio en la forma de calcular el universo que introdujo la PGU dentro del pilar no contributivo en el país, hoy van a poder acceder a dicho beneficio”.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo en la oportunidad, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no acceden al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.
Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.
VIGENCIA
Sobre acortar los plazos para la entrada en vigencia de la modificación a la ley, comparando con la puesta en marcha de la PGU en 2022, la secretaria de Estado comentó que el actual beneficio comenzó en agosto con el aumento de la cobertura, pero que en febrero, cuando inició la PGU, se continuó pagando a los mismos beneficiarios del pilar solidario hasta agosto, mes cuando se amplió la cobertura.
Indicó que “lo entendemos, porque modificar una ley en materia de pilar no contributivo requiere llevarla otra vez a una modificación en el reglamento, a una modificación en la resolución, llevarla al Consejo Consultivo Previsional y mandarla a Contraloría”.
Respecto del plazo en que tardó la PGU en ampliar la cobertura más allá de los beneficios del pilar solidario, añadió que “ahora estamos reduciendo el plazo a la mitad”.
CONTENIDO DEL PROYECTO
En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.
Asimismo, la iniciativa contiene un artículo transitorio que señala que esta modificación entrará en vigencia el primer día hábil del tercer mes desde la publicación de la ley y ordena modificar el pertinente reglamento a más tardar el segundo mes desde su publicación.
Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU por no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más del país.
INFORME FINANCIERO
El Informe Financiero junto al proyecto indica que, por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación de estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.
Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.
Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.
Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.
